Academia señala el fuerte impacto de la violencia de género en universidades y hace un llamado a la prevención
Estos hallazgos forman parte de una serie de investigaciones realizadas por la PUCP, que procuran aportar luces a la prevención de la violencia de género, especialmente en el ámbito universitario.
Desde una mirada que reconoce al ámbito académico como susceptible a la violencia de género, se llevó a cabo el conversatorio: ¿Qué pasa en las universidades? Violencia, poder y prevención, con el fin de generar un espacio de reflexión y debate, que dé luces sobre cómo enfrentar la complejidad de la violencia contra las mujeres.
El evento fue organizado por la Pontifica Universidad Católica del Perú, actor representante del sector académico en el proyecto Fortaleciendo la prevención frente a la violencia de género, gestionado por la Cooperación Española y financiado por la Unión Europea. Esta iniciativa reúne a instituciones públicas y privadas y busca ahondar en evidencias que aporten a la sensibilización y al cambio de una cultura tolerante de la violencia contra las mujeres, hoy, en torno al 60% (ENARES 2019).
Un equipo de especialistas de la PUCP, coordinadas por la profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales, Patricia Ruiz Bravo, presentó una serie de investigaciones que buscan conocer la realidad, dentro y fuera de las aulas, para transformarla y procurar cambios sustanciales que frenen los diferentes tipos de violencias que vulneran a la mujer.
Precisamente, una encuesta urbano nacional, aplicada por la PUCP en noviembre de 2022, reveló una serie de contradicciones en el pensamiento y los sentidos comunes que priman en la sociedad. El 95% de la población afirmó estar de acuerdo con el enfoque de género y con leyes a favor de los derechos de las mujeres, lo cual podría convertirse en un activo para evitar retrocesos y afianzar políticas públicas en materia de género.
Ante la posibilidad de la presencia pública de la mujer en el país, Patrón anotó ciertas contradicciones. Mientras el 80% dice que la mujer puede criar sola a su hijo y que el 57% afirma que ser ama de casa puede ser tan gratificante como trabajar por un salario, más de la mitad de los encuestados cree que un niño en edad preescolar se perjudica si su madre trabaja y, el 42% asegura que las mujeres que participan en política descuidan el hogar.
Otra perspectiva fue presentada por la docente Susana Reisz, quien analizó los efectos de la violencia simbólica en la autoestima de mujeres del escenario público político. “En la investigación cualitativa, a través de entrevistas de formato libre (…) pude recoger claras pruebas de los maltratos simbólicos a las que son sometidas las mujeres públicas, en particular aquellas que son defensoras de los derechos humanos y por ser de izquierda. Ataques casi todos al aspecto físico (…) se cruza la misoginia con el racismo y el clasismo”, sostuvo.
A su turno, la especialista Angélica Motta, expuso la situación diagnóstica encontrada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, demandando la apertura de canales de denuncia. “Existen reglamentos enfocados al tema del hostigamiento sexual (…) Esta normativa ha surgido por dos factores, la demanda externa, porque así se lo exige la política nacional y también por la presión estudiantil, en particular de las estudiantes organizadas. El problema de esta normativa es que no se ha dado a conocer de forma adecuada y no se han precisado los canales comunicacionales. En ese sentido para quien quiera hacer una denuncia hay escasa información y falta de rutas claras”, puntualizó.
Por su parte, la investigadora Narda Henríquez, centró su mirada en la universidad pública del interior del país. “Hay un 42% —de encuestados— que ha tenido una experiencia de violencia en el estrato de edad más joven, de 18 a 25 años (…) Esa pequeña franja que estamos estudiando, ya viene con su mochila de género cargada de cuestiones negativas, de experiencias violentas, cargadas de prejuicios, tanto los profesores como los estudiantes”, indicó.
Respecto al estudio de caso de la Universidad de Huamanga, Henríquez sostuvo que, si bien la universidad cumple con toda la reglamentación, ella ha encontrado testimonios que dan cuenta de violencia racializada. “Los profesores le dicen, oye tú no vas a llegar a ningún sitio, eres un bajado de la sierra. Ellos además dicen, con eso me mata (…) Si el profesor no lo aprueba él va a tener que dejar la universidad y ¿qué hacen?, él profesor cobra la nota, entonces hay una transacción. Y las chicas, ¿qué cosa les piden a las chicas? (…) Para ello, hay un intermediario que cobra a los chicos y que coordina con las chicas. Se mezcal la violencia sexualizada con la extorsión (…) todos saben lo que ocurre, pero nadie denuncia”, advirtió.
Cabe destacar, la mención de la Cooperación Española sobre su política exterior. “España busca hacer de la igualdad de género y la lucha contra la discriminación, el corazón de su trabajo”, destacó José Piqueras Bouillón, coordinador general de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID. Lo cual se ve reflejado en el apoyo sostenido al Estado Peruano para la adopción de políticas públicas como la ley N° 30364, para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, la Política Nacional de Igualdad y la Estrategia Nacional de Prevención.
Asimismo, es importante mencionar la participación de Ana Correa, actriz y directora de teatro, a través de la obra “Que se digan las palabras correctas”, basada en los testimonios de violencia de las alumnas entrevistadas por las investigadoras. El conversatorio contó con la moderación de la periodista Anuska Buenaluque y transcurrió en el Centro Cultural de España.