Viena prioriza vivienda asequible y regula alquileres urbanos

En un contexto donde los alquileres en las grandes ciudades europeas se han disparado, Viena destaca por mantener un modelo de vivienda asequible. Mientras en urbes como París o Barcelona los alquileres se consumen hasta el 60 % del salario promedio, en la capital austriaca esta proporción es de apenas el 20 %. Este logro no es casualidad, sino el resultado de una política sostenida durante más de un siglo que prioriza la vivienda como derecho básico.

El éxito de Viena radica en la amplia participación del sector público en el mercado inmobiliario. Con más de 420,000 viviendas subvencionadas, que incluyen propiedades municipales y cooperativas sin fines de lucro, más del 60% de la población reside en este tipo de alojamientos. Este enfoque no solo beneficia a los arrendatarios directos, sino que regula el mercado privado, evitando la especulación y manteniendo los precios por debajo de los medios europeos.

Otro pilar del modelo vienés es la limitación a las ganancias de los inversores y el estricto control del alquiler vacacional, restringido a 90 días anuales. Además, las políticas de vivienda social son inclusivas: cualquier residente con más de dos años en la ciudad puede solicitar acceso, eliminando barreras burocráticas con un simple permiso conocido como “papel amarillo”.

El contraste con otras capitales europeas, donde la privatización del parque de viviendas públicas y la falta de regulación han elevado los costos, es evidente. En Viena, el mercado de alquiler no es un lujo inalcanzable, sino un sistema diseñado para garantizar calidad de vida, con viviendas amplias, acceso a áreas verdes y una infraestructura urbana eficiente.

A pesar de su éxito, el modelo enfrenta desafíos. La creciente demanda de vivienda, impulsada por el aumento demográfico, pone presión sobre un sistema que requiere constante renovación y expansión para mantenerse funcional. Sin embargo, Viena sigue siendo un ejemplo de cómo una gestión estratégica puede equilibrar los derechos ciudadanos y el mercado inmobiliario.